Boletín: 156

Fecha:   8 de marzo de 2023

El Gobierno impulsa la factura electrónica obligatoria y fiscalizada por Hacienda

El Gobierno tiene lista la letra pequeña del plan de implantación de la facturación electrónica, que ultima imponer como obligatoria y bajo supervisión de Hacienda a todas las empresas que operan en España. Según fuentes oficiales, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, tiene previsto someter desde hoy a consulta pública el texto del Real Decreto-Ley que dará el pistoletazo de salida a la digitalización de todas las facturas emitidas entre empresas y autónomos, un sistema que las grandes compañías tendrán que abrazar en solo 12 meses y al que las pymes deberán adaptarse en 2 años.

La exigencia de la factura electrónica entre empresarios y profesionales es uno de los pilares de la Ley de Creación y crecimiento de empresas, pero su puesta en marcha quedó condicionada al correspondiente desarrollo reglamentario, en un plazo máximo de seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de septiembre. El Gobierno defiende la iniciativa como una «medida para digitalizar las relaciones empresariales, reducir costes de transacción y facilitar la transparencia en el tráfico mercantil», a la vez que la presenta como una palanca «clave para poder atajar de manera eficaz la morosidad en las operaciones comerciales».

En este sentido, el Gobierno admite que «la primera condición para lograrlo es contar con información fiable sobre los plazos de pago efectivos», que ahora mismo no se tiene pero que se obtendrá gracias al control exhaustivo de la facturación electrónica por parte de Hacienda. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos explican que, al analizar los problemas más recurrentes de las pequeñas y medianas empresas, de cara a tratar de solventarlos con la llamada Ley crea y crece, detectaron que para buena parte de las pymes y autónomos uno de los principales impedimentos al crecimiento son las tensiones de liquidez que les genera la incertidumbre en torno al cobro de sus facturas.

Aunque la Ley de Medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales lleva años exigiendo que las facturas se paguen en un plazo de un mes, y prohibiendo expresamente que «en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales», la realidad es que en la intimidad de las relaciones comerciales muchos proveedores se adaptan los laxos calendarios que imponen sus mayores clientes, aseguran desde el Ejecutivo, admitiendo no tener constancia de la magnitud del problema. El objetivo es que la transparencia que introduzca facturación electrónica, y los ojos de Hacienda sobre ella, eleven la presión para cumplir con los plazos legales.

Para hacerle frente, el Gobierno aconseja aprovechar los más de 3.000 millones de euros en ayudas europeas del programa Kit Digital para la adquisición e implantación de soluciones de digitalización. En todo caso, las empresas podrán elegir qué plataforma de facturación digital deciden utilizar y se facilitarán soluciones públicas. El desarrollo reglamentario que Economía impulsa ahora detalla eso sí que las soluciones que adopten los empresarios deberán cumplir una serie exigencias técnicas y requisitos mínimos de «interconexión e interoperabilidad» que permitan confluir en un lenguaje informático común manejable por la Agencia Tributaria, cuyas plataformas ejercerán de «cierre» del sistema, siguiendo el modelo de Francia.

Hasta la fecha, las empresas con una cifra de negocio superior a los seis millones de euros anuales ya habían tenido que digitalizar parte del flujo informativo de facturación con Hacienda al adoptar el Suministro Inmediato de Información del IVA (SII), mientras que la facturación electrónica integral ya era exigible en los contratos con administraciones públicas, lo que afecta a alrededor de 15 millones de facturas anuales.

La obligación se extiende ahora a todas las facturas entre empresas y profesionales (business to business, o b2b, por sus siglas en inglés), y la factura digital deberá permitir controlar la fecha de emisión, la de pago y el periodo medio de abono de las empresas.

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